Carlismo y liberalismo: cómo han influido en la economía española actual (por Alfonso Carrasco)

 El carlismo y el liberalismo, como dos caras opuestas de la misma moneda histórica, marcaron el destino de la España del siglo XIX y, sorprendentemente, siguen influyendo en nuestra economía actual de maneras más profundas de lo que podría parecer a simple vista. Este pulso ideológico, encarnado en las luchas políticas y militares del reinado de Isabel II, trascendió su época, configurando el paisaje económico y social que hemos heredado. Comprender esta dinámica nos permite descifrar cómo las tensiones entre conservadurismo y modernidad han moldeado nuestra realidad económica contemporánea.

El carlismo, con su apuesta por la monarquía absoluta, los fueros regionales y la preeminencia de la Iglesia católica, defendía un modelo económico que podríamos calificar como precapitalista, donde las relaciones sociales y económicas se basaban en tradiciones locales y privilegios históricos. Frente a esto, el liberalismo promovido por Isabel II apostaba por la secularización, la centralización del poder y un incipiente capitalismo industrial. Las tres guerras carlistas y la permanente pugna ideológica entre ambas facciones no fueron solo conflictos políticos; también simbolizaron una batalla por el control del rumbo económico de un país atrapado entre dos eras.

Uno de los legados más visibles de esta lucha es el impacto de las desamortizaciones, una medida liberal destinada a transformar las estructuras de propiedad de la tierra en España. Al expropiar bienes de la Iglesia y tierras comunales para su venta al mejor postor, el liberalismo buscó modernizar la economía rural, aumentar los ingresos del Estado y crear una clase media agraria. Pero las cosas no salieron como se esperaba: en lugar de democratizar la propiedad de la tierra, las desamortizaciones consolidaron un sistema de grandes latifundios en manos de la burguesía urbana y los antiguos nobles. Este fenómeno perpetuó las desigualdades en el campo, una herida económica que sigue abierta en muchas regiones rurales de España, donde el acceso a recursos y oportunidades es limitado.

Por otro lado, la centralización del Estado, otra bandera del liberalismo, despojó a muchas regiones de sus fueros y privilegios económicos tradicionales, como los que disfrutaban el País Vasco y Navarra. Si bien esta medida tenía como objetivo unificar el mercado interno, también alimentó tensiones territoriales que se prolongan hasta nuestros días. En la España contemporánea, el debate sobre la financiación autonómica y el grado de autogobierno fiscal tiene sus raíces en esta historia de centralización y resistencia. Las comunidades autónomas con mayor conciencia histórica, como Cataluña y el País Vasco, suelen plantear reivindicaciones que combinan aspiraciones económicas con un fuerte componente identitario.

La modernización de la infraestructura fue otro campo de batalla entre estos dos modelos. Durante el reinado de Isabel II, la construcción de una red ferroviaria nacional representó una apuesta por integrar el territorio y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, las decisiones sobre dónde y cómo invertir en infraestructuras reflejaron también las desigualdades de poder entre regiones. Este modelo centralista de planificación dejó rezagadas a muchas áreas rurales y concentró los beneficios en los grandes centros urbanos e industriales. Este desbalance persiste hoy en día, cuando las políticas de inversión en infraestructuras deben equilibrar las necesidades de competitividad global con las demandas de inclusión regional.

No se puede entender el carlismo sin considerar su profundo vínculo con la Iglesia católica, y aquí también encontramos un legado económico significativo. La Iglesia, como gran terrateniente y eje de la vida económica en muchas comunidades rurales, se vio profundamente afectada por las desamortizaciones y la secularización promovida por los liberales. Esto marcó un cambio hacia un modelo económico más laico y capitalista, aunque no sin resistencia. En el presente, el papel de la Iglesia en la economía española sigue siendo objeto de debate, especialmente en cuestiones como la financiación pública de instituciones religiosas y la gestión del patrimonio histórico. Esta tensión entre pasado y presente es un eco directo de las disputas del siglo XIX.

Incluso en el terreno de las relaciones laborales, las huellas de esta confrontación histórica son evidentes. Mientras el carlismo promovía un sistema jerárquico y autoritario, el liberalismo introdujo la idea de movilidad social y meritocracia, aunque limitada. Este dualismo todavía define parte de la cultura empresarial española, donde conviven estructuras jerárquicas tradicionales con modelos más horizontales y orientados a la innovación.

En definitiva, el carlismo y el liberalismo de Isabel II no son solo reliquias de un pasado remoto, sino fuerzas vivas cuya influencia sigue moldeando nuestra economía y sociedad. Estas corrientes ideológicas nos dejaron una compleja herencia de desigualdades regionales, tensiones territoriales y debates sobre el papel de la Iglesia y el Estado. Reconocer y entender este legado no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una herramienta para construir un futuro más equilibrado y justo en un país que sigue lidiando con las contradicciones de su historia.